La Ley de Segunda Oportunidad no es para todo el mundo, pero sus requisitos son más alcanzables de lo que suele creerse. Desde la reforma de la Ley 16/2022, la exoneración de las deudas es un derecho del deudor de buena fe, no una concesión discrecional. Estos son los tres requisitos que hay que cumplir — y los detalles que marcan la diferencia en la práctica.
El mecanismo está reservado a personas físicas: particulares y trabajadores autónomos. Da igual la nacionalidad — los extranjeros residentes con deudas en España también pueden acogerse. Las sociedades mercantiles tienen su propio procedimiento concursal, sin exoneración.
Insolvencia significa no poder cumplir regularmente las obligaciones a su vencimiento (insolvencia actual) o prever que en pocos meses será imposible (insolvencia inminente). La prueba práctica es sencilla: si la suma de las cuotas mensuales de tus deudas supera lo que puedes pagar con tus ingresos tras cubrir la subsistencia, hay insolvencia. No hace falta esperar a los embargos: la ley permite — y de hecho obliga a — actuar cuando la situación ya es irreversible.
Es el requisito decisivo, y funciona en negativo: la ley presume la buena fe salvo que concurra alguna de las circunstancias que la excluyen. Las principales:
Los tribunales revisan estos requisitos de oficio, aunque ningún acreedor se oponga. Por eso un expediente serio se prepara comprobando antes el certificado de antecedentes penales, los certificados de la AEAT y la Seguridad Social y los movimientos patrimoniales de los últimos años. Presentar sin esa auditoría previa es la receta del fracaso.
El siguiente paso es un estudio de viabilidad individualizado: qué deudas se exonerarían en tu caso concreto, qué pasaría con tu vivienda y qué vía — liquidación o plan de pagos — conviene. Puedes leer la guía general en nuestra página de la Ley de Segunda Oportunidad.